Las consecuencias de la entrega del pasaporte al narcotraficante Marset han sido enormes.

Un año después que estalló, el tema resurgió con grabaciones,  volvió a poner en vilo al país y provocó la crisis política más grande que haya sufrido el gobierno del Presidente Lacalle Pou.

Por causa del malhadado documento, perdieron sus cargos dos Ministros y dos Subsecretarios, tan luego en carteras relevantes como son el Ministerio del Interior y la Cancillería.

El asunto está políticamente concluido, pero en el mundo del Derecho sigue sometido a investigación, por lo cual la atención se vuelve con avidez hacia lo que logre aclarar la Fiscalía que investiga el deplorable episodio.

Es que todos queremos saber lo más posible sobre cómo pudo decidirse el envío exprés a Dubái de un pasaporte flash para un narcotraficante conocido.

Y todos queremos saber si ed admisible que una funcionaria pública con responsabilidades de Estado haya registrado sus diálogos con su superior jerárquico y haya ocultado durante un año las grabaciones.

Detrás de esa necesidad de aclaraciones palpitan dos grandes bienes que debemos poner en valor:

- volvemos a sentir que en el Uruguay el Derecho está por encima de la política; y

- volvemos a vivir con una opinión pública que se pregunta y forma su opinión a partir de la intuición natural del Derecho y del bien común.

La opinión pública de una democracia madura no se forma azuzando a dos bandos antagónicos para que se acusen entre sí con más virulencia.

La opinión pública crecerá en claridad y fuerza, en la medida en que todos seamos capaces de juzgar lo que está bien y lo que está mal, abrazando la causa de la Constitución y de la ley… por encima de nuestras preferencias electorales y nuestras simpatías partidarias.

Así los siente y así lo afirma Radio Clarín.