La Fiscalía General de la Nación publicó una serie de recomendaciones realizadas por el Fiscal de Corte, Juan Gómez, en una nota que envió a los fiscales en procura de recuperar la reserva de las investigaciones, que en casos muy notorios se ha perdido totalmente.

En el documento, el Dr. Juan Gómez reconoce que el periodismo es un “actor fundamental para el fortalecimiento de la democracia” y afirma que hoy es necesario darles a los Fiscales pautas para su vinculación con la prensa porque “los temas de la Justicia penal interesan cada vez más” y los medios de comunicación les dedican cada vez más espacio.

En su comunicado el Dr. Gómez encareció a los fiscales:

- que eviten “realizar comentarios públicos por cualquier vía” durante la etapa previa a la formalización judicial”;

- que mantengan reserva de los casos cuando “la divulgación de información sensible pueda comprometer el desarrollo de las investigaciones”; y

- que eviten utilizar redes sociales para “comentar aspectos vinculados a las investigaciones penales y debatir con terceros sobre las mismas”.

Basta conocer estas recomendaciones y saber que el propio Fiscal de Corte declara que “no son obligatorias y cada fiscal las aplicará de acuerdo con sus propios criterios en el marco de su independencia técnica”, para confirmar que estamos enfrentando una peligrosa banalización del secreto de las investigaciones y una relatividad, también peligrosa, de las seguridades que debe darnos el servicio de Justicia en el trámite y en el resultado.

Con el antiguo Código del año 1878 y con el Código de 1980, el secreto del presumario no era una mera recomendación: era una exigencia legal, que se imponía al Juez de Instrucción, a sus actuarios y hasta al más modesto de los ordenanzas. Su violación acarreaba reproches, sanciones graves y hasta castigo penal.

La realidad es que hemos bajado del secreto mandado y custodiado por la ley, a unas recomendaciones que cada cual aplicará como quiera.

Y esa es una prueba más de que el procedimiento penal que entró en vigencia en el 2017, en sólo seis años ha demostrado que es inservible.

Por lo cual, la ciudadanía –y no sólo los especialistas en Derecho- debe reclamar que se lo derogue, ya que, a la vista está, estamos viviendo todo lo contrario de las garantías formales del Derecho Procesal.

Así lo siente y así lo afirma Radio Clarín.