En virtud de que las elecciones nacionales del inminente 2024  han de cumplirse el domingo 27 de octubre, en la semana pasada renunciaron a sus cargos los Directores de Entes que se proponen hacer política activa o presentarse como candidatos a cargos electivos.

Lo que hicieron los renunciantes fue atenerse a las reglas que establece la Constitución de la República en sus artículos 77 y 201.

El numeral 4 del artículo 77 de la Constitución prohíbe a los directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, “formar parte de comisiones o clubes políticos, suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.

A su vez, el artículo 201 dispone que “Los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, para poder ser candidatos a Legisladores, deberán cesar en sus cargos por lo menos doce meses antes de la fecha de la elección”, prohibiéndole a todos los organismos de la Corte Electoral registrar “listas en que figuren candidatos que no hayan cumplido con aquel requisito”.

En nuestro país, es de rutina que un año antes de los comicios  renuncien los Directores de los Entes públicos para dedicarse a hacer política. Es un trámite que se cumple rigurosamente, como parte de la normalidad de nuestro modo de vivir.

Tanto es así, que antes de cada temporada electoral se difunden los nombres de los Directores renunciantes pero damos por sentada y nos pasa inadvertida la razón de fondo por la cual la Constitución les impone irse. Esa razón de fondo es impedir que usen el poder de los Entes Autónomo y Servicios Descentralizados para conseguir votos.

Es una regla muy honrosa para nuestro país. No la copiamos de otras Constituciones. La creamos a partir de luchas y discusiones entre los partidos, cuya alternancia en el poder convenció a todos de que debe evitarse que el resultado de las elecciones sea influido por el poder inmenso que otorga cualquiera Administración del Estado.

Para funcionar rectamente, la democracia republicana requiere garantías de esta clase.

Y para que las garantías no se reduzcan a un trámite rutinario y vacío, hace falta sentir cuánto lucharon las generaciones anteriores para que el Uruguay viviera en un Estado de Derecho y cuánto hay que luchar cada día para afianzarlo y expandirlo, sin resignarse a silencios indebidos ni a favoritismos apalabrados en las trastiendas.

Así lo siente y así lo afirma RADIO CLARÍN.