Las consecuencias de la entrega del pasaporte al narcotraficante Marset han sido enormes.

Un año después que estalló, el tema resurgió con grabaciones,  volvió a poner en vilo al país y provocó la crisis política más grande que haya sufrido el gobierno del Presidente Lacalle Pou.

Por causa del malhadado documento, perdieron sus cargos dos Ministros y dos Subsecretarios, tan luego en carteras relevantes como son el Ministerio del Interior y la Cancillería.

El asunto está políticamente concluido, pero en el mundo del Derecho sigue sometido a investigación, por lo cual la atención se vuelve con avidez hacia lo que logre aclarar la Fiscalía que investiga el deplorable episodio.

Es que todos queremos saber lo más posible sobre cómo pudo decidirse el envío exprés a Dubái de un pasaporte flash para un narcotraficante conocido.

Y todos queremos saber si ed admisible que una funcionaria pública con responsabilidades de Estado haya registrado sus diálogos con su superior jerárquico y haya ocultado durante un año las grabaciones.

Detrás de esa necesidad de aclaraciones palpitan dos grandes bienes que debemos poner en valor:

- volvemos a sentir que en el Uruguay el Derecho está por encima de la política; y

- volvemos a vivir con una opinión pública que se pregunta y forma su opinión a partir de la intuición natural del Derecho y del bien común.

La opinión pública de una democracia madura no se forma azuzando a dos bandos antagónicos para que se acusen entre sí con más virulencia.

La opinión pública crecerá en claridad y fuerza, en la medida en que todos seamos capaces de juzgar lo que está bien y lo que está mal, abrazando la causa de la Constitución y de la ley… por encima de nuestras preferencias electorales y nuestras simpatías partidarias.

Así los siente y así lo afirma Radio Clarín.

Apenas regresó al territorio nacional, el Presidente de la República Dr. Luis Alberto Lacalle Pou aceptó las renuncias de Luis Alberto Heber al Ministerio del Interior,  de Guillermo Maciel a la Subsecretaría del Interior y de Pablo Lafluf a la función asesora que cumplía en Torre Ejecutiva.

Hoy lunes entrarán en funciones los nuevos integrantes del gabinete: el Dr. Nicolás Martinelli será el nuevo Ministro del Interior y el Dr.  Pablo Abdala será el nuevo Subsecretario; el Ingeniero Omar Paganini asumirá como Canciller de la República; y la Ingeniera Elisa Facio,  reemplazará a Paganini como titular del Ministerio de Industria,  Energía y Minería.

Con estas sustituciones ministeriales, tras la salida hace un año de la ex Subsecretaria Ache y la salida de Francisco Bustillo de la Cancillería, quedan excluidos del elenco gubernativo todos los que directa o indirectamente participaron en el deplorable episodio de la entrega inmediata y personalísima de un flamante pasaporte uruguayo al narcotraficante Marset.

Como se sabe, Marset estaba preso en Dubái por haber ingresado con un pasaporte paraguayo falso y utilizó el pasaporte uruguayo para conseguir su excarcelación y convertirse en prófugo internacional, huyendo de requisitorias paraguayas.

Desde el punto de vista de la funcionalidad política, el episodio queda zanjado –al haberse integrado el elenco ministerial.

Queda en pie y sigue su curso la investigación de la Fiscalía. Allí detonaron las grabaciones que la ex subsecretaria Ache se guardó durante un año.

Y allí deberá determinarse si es verdad que fue legal y obligatorio entregar el pasaporte o si fue un error de base confeccionar el documento y mandarlo con urgencia para entregarlo en manos propias a quien ya era un prófugo de la Justicia del Paraguay, país hermano de nuestro Uruguay.

Por el bien de nuestro sistema republicano, cabe reclamar que el tema se aclare en términos de legalidad y Derecho, ya que lo ocurrido no fue sólo una malla de malentendidos ni sólo una crisis política.

Así lo siente y así lo afirma RADIO CLARÍN.

Francisco Bustillo presentó antenoche la renuncia a su cargo de Canciller de la República.

Lo hizo pocas horas después de haberse conocido públicamente que le pidió a la ex subsecretaria Carolina Ache que escondiera información y que hiciera desaparecer el celular, para sostener que,  cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores le hizo llegar el pasaporte a Marset, nadie en esa Cartera sabía que era un narcotraficante altamente peligroso.

El miércoles, en la audiencia para la que fue citada, Carolina Ache entregó a la Fiscalía múltiples grabaciones de llamadas. En una de ellas el Ministro le solicitó que “perdiera” su teléfono móvil para impedir que el Parlamento y la Justicia conocieran conversaciones vinculadas a la entrega del malhadado pasaporte.

La doctora Ache no atendió la ilícita petición. Y un año después sacó a relucir las grabaciones que inculpan a todos los partícipes, incluida ella misma, ya que saltaron a la luz pública un conjunto de procedimientos en los cuales ningún protagonista queda a salvo.

En definitiva, hubo una confabulación para distorsionar y mentirle al Parlamento y a la Justicia- Y eso es intolerable en un Estado de Derecho.

Caído Bustillo, se espera que el Presidente Lacalle Pou, al regresar mañana de los Estados Unidos, adopte decisión sobre el destino de otros partícipes de su confianza, actuantes en el Ministerio del Interior y en Torre Ejecutiva.

Están reclamando más renuncias no sólo los líderes de la oposición, sino también muchos legisladores representativos de la coalición de gobierno.

Los hechos ahora revelados son bochornosos, pero felizmente se investigan y salen a la luz pública.

Nuestra democracia saldrá fortalecida en la medida en que el Derecho indague y castigue rigurosamente esta clase de escándalos, que impúdicamente violan la legalidad que debemos defender todos, pensemos lo que pensemos y votemos lo que votemos.

Así o siente y así lo afirma RADIO CLARÍN.

Al aprobar la Reforma Constitucional de 1918, el Uruguay   confirmó su vocación por la más absoluta absoluta libertad de cultos y estableció como el principio rector de que “El Estado no sostiene religión alguna”.

En aplicación de ese principio, en octubre de 1919 se promulgó la ley 6.997, por la cual algunos feriados religiosos se suprimieron y  otros feriados cambiaron su contenido y su nombre.

Entre los feriados que cambiaron, estuvo el 2 de noviembre, que dejó de ser el “Día de los Fieles Difuntos” nacido hace 11 siglos en el cristianismo católico y, en cambio, quedó definido por la ley como un feriado “destinado a la conmemoración de los muertos”: de todos los muertos, sin distinción entre fieles e infieles.

La realidad es que por encima de las convicciones religiosas o filosóficas de cada conciencia, la fecha merece que la respetemos y la realcemos en  comunidad de espíritu.

Individualmente, cada uno de nosotros tiene muertos queridos que viven en nosotros, con vces, acentos y actitudes que no se nos borran porque se nos grabaron en lo más profundo de la memoria.

Y colectivamente, todos nosotros vivimos desde los valores, las pasiones y los muchos aciertos que tuvieron los muchos conductores honrados y honorables que supo darse la ciudadanía en etapas memorables de nuestra historia.

En definitiva, tanto en la vida pública como en familia y en soledad personal, todo juicio y toda esperanza sobre nuestra manera de vivir surge de un diálogo entre lo qu recibimos de nuestros mayores y lo que vamos construyendo o lamentando o sufriendo.

Por tanto, el Día de los Difuntos tenemos para evocar los modelos más encumbrados de gobernantes, educadores, artistas y trabajadores junto a los modelos más modestos y recónditos, que palpitan en nosotros porque hicieron realidad el mandamiento que el poeta Jorge Manrique impuso hace cinco siglos: “vivir se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte”.

El Uruguay se construyó por una infinidad de protagonistas que pensaron mucho más allá de su permanencia en la Tierra. Se plamsó como una espiritualidad abierta.

Por todo eso y mucho más, el Día de los Muertos debe servir para reencontrarnos con nuestras raíces y para potenciar las batallas que libramos por los sueños de justicia y libertad que enriquecieron nuestras mejores tradiciones.

Así lo siente y así lo afirma RADIO CLARÍN.

El Gobierno nacional y la empresa mundial Google confirmaron que va a construirse en el Uruguay el centro de datos que anunciaron hace meses.

La confirmación surgió de la reunión que -ayer en Torre Ejecutiva- tuvieron dos representantes de Google con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y los ministros de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y de Medio Ambiente, Robert Bouvier*.

La empresa presentó días atrás el Estudio de Impacto Ambiental y el Documento de Proyecto, que incluye un nuevo sistema de enfriamiento por aire, sin uso de agua.

El proyecto se suma a la llegada del cable submarino Firmina - también de Google- que unirá Punta del Este con la costa Este de los Estados Unidos, con lo cual el Uruguay se afianza como destino para las grandes compañías informáticas y fortalece su posicionamiento como centro de innovación tecnológica para la región y para el mundo. Ello abrirá oportunidades para que nuestro país aproveche el dinamismo del mercado donde crecen, a la vez, la industria de los datos –la llamada Big Data- y la Inteligencia Artificial.

La noticia es excelente para nuestra economía y para nuestra vida práctica. Debemos recibirla con un regocijo amplio y entero.

En esa alegría volverán a resonar los sueños de los pioneros que, hace ya un siglo,  nos trajeron un día la comunicación por radioaficionados y otro día la transmisión radial por ondas cortas. Y en esa alegría se encenderá la certeza de que las nuevas generaciones asistirán a más milagros tecnológicos que los que nos asombran hoy.

Que Google nos elija para sus avances hacia la mitad del siglo XXI significa un reconocimiento a que tenemos bases culturales, políticas y económicas para ser un país confiable. Por tanto, celebremos el advenimiento, pero no nos durmamos en los laureles. Tengamos presente que todos los logros tecnológicos requieren una masiva expansión educativa y cultural, para que sirvan al trabajo y la comprensión de todos con todos, acabando con los bolsones de indiferencia cultural y pereza intelectual que son un peso muerto para la vida nacional.

Así lo siente y así lo afirma RADIO CLARÍN.

* Robert Bouvier, de origen francés, se pronuncia Robért BUVIÉ.

Desde que el caso del ex senador Penadés saltó a la luz pública, era lógico esperar derivaciones.

Era lógico esperarlas, porque el involucrado tenía una larga trayectoria pública y su nombre repercutía todo el país.

Y, además, era lógico esperar derivaciones porque siempre que se investigan asuntos de prostitución surgen más ramificaciones que las que aparecieron inicialmente.

Por eso hubo conmoción pero no hubo sorpresa cuando se supo que la acusación a Penadés no la formulaba sólo Romina Celeste, sino nueve jóvenes que relataban haber tenido relaciones con el ex legislador cuando aun eran menores.

El conjunto de lo descubierto es un horror, agravado porque un docente –de apellido MOVEZÉN*--fue a la cárcel por cumplir la infame tarea de reclutar jovencitos para el también preso Penadés.

Pero en estos días no estamos ya ante la truculencia de los hechos sino ante la distorsión y perversión de los procedimientos.

Se han filtrado grabaciones de toda laya. Se reprocha a la Fiscalía emitir mensajes impropios de la función. Se cruzan denuncias. Y el conjunto se convierte en un espectáculo público que acaso gane unos minutos de audiencia pero no genera el clima de seriedad, austeridad y meditación que requiere la Justicia de un Estado de Derecho.

Este no es un efecto de las particularidades del caso Penadés. Ya se dio en casos anteriores, porque es un resultado del procedimiento penal que mañana, 1º de noviembre, cumplirá 6 años de vigencia.

Ya no investigan en busca de la verdad, los clásicos Jueces Letrados Instrucción, apoyados por actuarios y funcionarios especializados.

Ahora investigan los Fiscales, a los cuales la ley no les manda averiguar la verdad sino construir la acusación en  diálogos que nadie puede controlar del todo.

El Uruguay ha bajado a la Justicia del pedestal en que la tuvo antes y la necesita hoy. Ha colocando a sus nuevos protagonistas, los Fiscales, en la vereda de polémicas, tuits y grabaciones truchas donde el acusador puede convertirse en denunciado… no tanto por sus eventuales yerros como por las fallas garrafales del sistema procesal vigente, que pide a gritos una reforma total.

Así lo siente y así lo afirma RADIO CLARÍN.

* Se escribe Mauvezin peo se pronuncia MOVEZÉN

En virtud de que las elecciones nacionales del inminente 2024  han de cumplirse el domingo 27 de octubre, en la semana pasada renunciaron a sus cargos los Directores de Entes que se proponen hacer política activa o presentarse como candidatos a cargos electivos.

Lo que hicieron los renunciantes fue atenerse a las reglas que establece la Constitución de la República en sus artículos 77 y 201.

El numeral 4 del artículo 77 de la Constitución prohíbe a los directores de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, “formar parte de comisiones o clubes políticos, suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto”.

A su vez, el artículo 201 dispone que “Los miembros de los Directorios o Directores Generales de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados, para poder ser candidatos a Legisladores, deberán cesar en sus cargos por lo menos doce meses antes de la fecha de la elección”, prohibiéndole a todos los organismos de la Corte Electoral registrar “listas en que figuren candidatos que no hayan cumplido con aquel requisito”.

En nuestro país, es de rutina que un año antes de los comicios  renuncien los Directores de los Entes públicos para dedicarse a hacer política. Es un trámite que se cumple rigurosamente, como parte de la normalidad de nuestro modo de vivir.

Tanto es así, que antes de cada temporada electoral se difunden los nombres de los Directores renunciantes pero damos por sentada y nos pasa inadvertida la razón de fondo por la cual la Constitución les impone irse. Esa razón de fondo es impedir que usen el poder de los Entes Autónomo y Servicios Descentralizados para conseguir votos.

Es una regla muy honrosa para nuestro país. No la copiamos de otras Constituciones. La creamos a partir de luchas y discusiones entre los partidos, cuya alternancia en el poder convenció a todos de que debe evitarse que el resultado de las elecciones sea influido por el poder inmenso que otorga cualquiera Administración del Estado.

Para funcionar rectamente, la democracia republicana requiere garantías de esta clase.

Y para que las garantías no se reduzcan a un trámite rutinario y vacío, hace falta sentir cuánto lucharon las generaciones anteriores para que el Uruguay viviera en un Estado de Derecho y cuánto hay que luchar cada día para afianzarlo y expandirlo, sin resignarse a silencios indebidos ni a favoritismos apalabrados en las trastiendas.

Así lo siente y así lo afirma RADIO CLARÍN.